El Sindicato Nacional de Trabajadores en Fraude ha presentado ante la Audiencia Nacional una demanda por conflicto colectivo contra el Gobierno central en la que cuestiona el sistema \u00ababusivo y fraudulento\u00bb de contrataci\u00f3n temporal que permite considerar as\u00ed a trabajadores con tres a\u00f1os de servicio.<\/p>\n
La demanda, presentada ante la Sala de los Social de la Audiencia Nacional, afecta al futuro de alrededor de 700.000 trabajadores contratados en un posible fraude y abuso por las administraciones, por lo que el Sindicato de \u00e1mbito nacional pide que se aclare la naturaleza de sus v\u00ednculos laborales como ocurre con los falsos aut\u00f3nomos.<\/p>\n
El abogado responsable de defender la causa, Manuel Martos, ha explicado a Efe que esta demanda, de conflicto colectivo, lleva aparejada la suspensi\u00f3n de todos los procedimientos de estas caracter\u00edsticas.<\/p>\n
En su demanda, Martos ha solicitado que se eleve cuesti\u00f3n prejudicial al Tribunal de Justicia de la Uni\u00f3n Europea por la \u00abmanifiesta imposibilidad\u00bb de que lo solvente el Gobierno hasta que aclare qu\u00e9 entiende en Espa\u00f1a por estabilidad en la administraci\u00f3n.<\/p>\n
El letrado ha recordado que un empleado p\u00fablico que presta servicios durante 18 a\u00f1os debe tener derecho a la estabilidad a la luz de la normativa europea, que est\u00e1 por encima de las normas laborales y estatuarias de Espa\u00f1a.<\/p>\n
Sin embargo, el Estado no dota de estabilidad al personal que presta servicios en igualdad de condiciones que los funcionarios durante m\u00e1s de tres a\u00f1os sino que, seg\u00fan se recoge en un acuerdo firmado con los sindicatos CCOO, UGT y CSIF, los afectados deben volver a examinarse.<\/p>\n
Esta demanda se suma a la interpuesta tambi\u00e9n ante la Audiencia Nacional por el mismo letrado en representaci\u00f3n de la Asociaci\u00f3n Nacional de Interinos y Laborales, pendiente de votaci\u00f3n y fallo, por el acuerdo firmado por el entonces gobierno del PP por un supuesto ERE encubierto que afectar\u00eda a 350.000 trabajadores.<\/p>\n
El abogado encargado de la causa ha explicado que tambi\u00e9n se han abierto diligencias previas en diferentes juzgados de provincia para que las administraciones aporten los datos de los pol\u00edticos y funcionarios responsables de la gesti\u00f3n de recurso humanos.<\/p>\n
Martos ha calculado que las indemnizaciones ante el posible fraude de empleo superar\u00edan los 37.000 euros de media por afectado, un global millonario por una \u00abdejaci\u00f3n de funciones important\u00edsima\u00bb por la que deber\u00edan responder las administraciones.<\/p>\n
El Sindicato Nacional de Trabajadores en Fraude solicitar\u00e1 informaci\u00f3n para la posible anulaci\u00f3n de todos los actos suscritos por el personal interino y temporal a lo largo de estos a\u00f1os.<\/p>\n
La Comisi\u00f3n Europea ya abri\u00f3 procedimiento por posible infracci\u00f3n contra el Estado, que termin\u00f3 en sanci\u00f3n, por otra denuncia liderado por el mismo abogado en 2014. EFE<\/p>\n
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