Una de las principales reducciones en la base imponible del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones que no implica la concurrencia de ning\u00fan grado de parentesco con el causante, es la relativa a las adquisiciones mortis causa por personas con discapacidad ps\u00edquica, f\u00edsica o sensorial; Tanto la Ley 29\/1987, de 18 de Diciembre del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones como las distintas leyes auton\u00f3micas que regulan este impuesto, contemplan importantes beneficios para los discapacitados.<\/p>\n
El concepto legal de discapacidad est\u00e1 reconocido en el Real Decreto 1414\/2006, de 1 de diciembre, que en su art\u00edculo 1 establece:<\/p>\n
\u201cDe conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 1.2 de la Ley 51\/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de oportunidades, no discriminaci\u00f3n y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, tendr\u00e1n la consideraci\u00f3n de personas con discapacidad aqu\u00e9llas a quienes se les haya reconocido un grado de minusval\u00eda igual o superior al 33%.<\/em><\/p>\n \u00a02. Se considerar\u00e1n afectados por una minusval\u00eda en grado igual o superior al 33%: a) Los pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensi\u00f3n de incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez(\u2026)\u201d<\/em><\/p>\n No obstante esta consideraci\u00f3n legal de la condici\u00f3n de las personas minusv\u00e1lidas, que no parece que d\u00e9 lugar a duda alguna, en la pr\u00e1ctica no es as\u00ed, ya que hay personas que, siendo beneficiarias de una\u00a0pensi\u00f3n de incapacidad permanente absoluta o total<\/strong>\u00a0por el Instituto Nacional de la Seguridad Social, no han obtenido el certificado de minusval\u00eda en su respectiva Comunidad Aut\u00f3noma y no pueden aplicarse la reducci\u00f3n correspondiente al grado de minusval\u00eda que padecen porque no son consideradas minusv\u00e1lidas\u00a0a efectos del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.<\/strong><\/p>\n En efecto, en la disposici\u00f3n alegada, se regula<\/strong>\u00a0el Impuesto sobre la Renta de las personas f\u00edsicas, el impuesto sobre Sociedades, el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jur\u00eddicos Documentados y el Impuesto sobre el Patrimonio,\u00a0no se hace referencia alguna al impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, por lo que, tanto distintas Consejer\u00edas de Hacienda de varias Comunidades Aut\u00f3nomas, como algunos Tribunales Superiores de Justicia, consideraban que si la persona minusv\u00e1lida no ten\u00eda reconocida esta condici\u00f3n por el organismo competente aut\u00f3nomico, pero s\u00ed ostentaba la condici\u00f3n de pensionista de una incapacidad permanente absoluta o total<\/strong>\u00a0por el Instituto Nacional de la Seguridad Social, en virtud del principio de estanqueidad tributaria, no se pod\u00edan aplicar los conceptos definidos en la ley de un impuesto determinado a otro tributo distinto y no pod\u00eda por tanto, no pod\u00eda beneficiarse de la reducci\u00f3n en la base imponible del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.<\/p>\n Otros Tribunales Superiores de Justicia, por el contrario, entend\u00edan que, no obstante la aplicaci\u00f3n de la reducci\u00f3n por\u00a0minusval\u00eda\u00a0exige que el grado de\u00a0minusval\u00eda\u00a0debe\u00a0acreditarse\u00a0mediante\u00a0certificado\u00a0del \u00f3rgano competente de las Comunidades Aut\u00f3nomas, nada dice la normativa relativa al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones que el beneficio fiscal exija la existencia de tal resoluci\u00f3n con anterioridad a la fecha de devengo del impuesto, considerando v\u00e1lido el certificado de minusval\u00eda emitido por el organismo auton\u00f3mico competente tras el fallecimiento del causante, siempre que en el certificado se reconociese que la existencia de la enfermedad y los padecimientos eran anteriores a la fecha de la defunci\u00f3n del mismo.<\/p>\n Esta disparidad de criterios entre los distintos Tribunales Superiores de Justicia fue solventada por el Tribunal Supremo en su Sentencia de 7 de junio de 2.012. La Resoluci\u00f3n reconoce la disparidad de tratamiento que se da en los distintos tributos a los efectos asociados al reconocimiento de la discapacidad, de suerte que no puede hablarse de un r\u00e9gimen tributario unitario; Considera que el denominador com\u00fan, sobre el que existe consenso en el conjunto de la regulaci\u00f3n, es que tienen la consideraci\u00f3n legal de personas con discapacidad las personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33 %\u00a0 y entiende que, desde la perspectiva tributaria, el reconocimiento administrativo de la minusval\u00eda no es constitutivo, sino meramente declarativo.<\/p>\n La Sala Tercera, adem\u00e1s de zanjar la pol\u00e9mica, va m\u00e1s all\u00e1 y acepta la posibilidad de que sea aplicada la reducci\u00f3n que nos ocupa siempre y cuando el minusv\u00e1lido pueda acreditar que ten\u00eda los s\u00edntomas propios de su minusval\u00eda con car\u00e1cter previo a la fecha de fallecimiento del causante, considerando que, tras la modificaci\u00f3n introducida por el art\u00edculo 61 de la Ley 21\/2001, de 27 de diciembre, que da nueva redacci\u00f3n al art\u00edculo 20.2.a), de la Ley 29\/1987, de 18 de Diciembre del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, s\u00f3lo se precisa que el grado de minusval\u00eda est\u00e9 \u00abde acuerdo\u00bb con el baremo del art\u00edculo 148 contenido en el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, nada m\u00e1s, no se exige que se haya declarado por el organismo administrativo competente al efecto, ni se limitan los medios de prueba para acreditar la condici\u00f3n legal de minusv\u00e1lido.<\/p>\n